De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS) el sistema de salud pública está frente a una crisis sin precedentes. La OMS estima que, aunque los hospitales y el 50% de los Centros de Salud tengan generadores propios, la reserva de combustible durará un máximo de dos semanas. Los generadores normalmente son usados como fuente de energía de reserva, por lo que su mal funcionamiento como fuente principal tendrá consecuencias graves. Según la OMS la semana pasada hubo un aumento del 160% de los casos de diarrea comparados con el mismo periodo el año pasado. Añadido a estos problemas, la OMS estima que el 23% de la lista de medicamentos esenciales estará agotada en un mes. La OMS también está alarmada por las restricciones impuestas a los pacientes que tienen que dejar Gaza por razones del tratamiento médico que precisan. Solo un puñado de casos extremadamente críticos ha sido autorizado a cruzar el paso de Erez desde el 25 de junio antes de que comenzaran los actuales acontecimientos. Una media de 25 pacientes con cáncer pasa a través de Erez cada semana. Según la OMS, la tasa de derivación mensual de pacientes de urgencias está actualmente entre 500 y 700 personas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que el 70% de la población de la Franja de Gaza ya en junio, era incapaz de cubrir sus necesidades diarias de alimentación sin asistencia. La escalada de hostilidades ha hecho que el acceso a alimentos sea una cuestión crítica. Los molinos de trigo, las fábricas de alimentos y las panaderías han tenido que reducir su producción debido a la escasez de electricidad. La incapacidad para conservar alimentos perecederos a causa del calor en la Franja de Gaza complica aún más esta situación. Las provisiones de azúcar, productos lácteos y leche están en niveles mínimos debido a la limitación en el suministro comercial impuesta por Israel; debido a esta situación los precios de los productos de alimentación han aumentado en un 10% en las últimas 3 semanas. El PMA ayuda a 160.000 personas de de la Franja de Gaza que no son refugiados y tienen mayor vulnerabilidad alimenticia y está preparada para responder a sus necesidades adicionales en el momento en que estas surjan. El PMA considera esencial que permanezca abierto un pasillo humanitario que permita proveer de ayuda de emergencia a la población necesitada y evitar así que la situación de deterioro alcance niveles mas críticos de los ya existente en este momento.

Según UNICEF (Agencia de las Naciones Unidas para la infancia) los niños y niñas en la Franja

de Gaza viven en un entorno de extraordinaria violencia, inseguridad y miedo. La escasez de electricidad y combustible acarrean una reducción en la cantidad y la calidad de asistencia médica y agua accesible a los niños. La confrontación daña psicológicamente a los niños. El personal sanitario dice que los niños y niñas muestran signos de angustia y agotamiento, incluyendo un aumento del 15%-20% de la incontinencia nocturna, debido a los bombardeos y las bombas de sonido. Los equipos de asesoramiento apoyados por UNICEF han constatado un importante aumento en las solicitudes de apoyo. UNICEF indica que la provisión estable de electricidad y combustible es necesaria para almacenar de forma segura vacunas, transportar medicamentos y facilitar la asistencia médica primaria. UNICEF hace hincapié en que la infancia es siempre la parte más vulnerable a los brotes de enfermedades transmisibles por la carencia del agua y del saneamiento.

El empleo de la fuerza por Israel durante sus operaciones militares en la Franja de Gaza está causando un número creciente de muertes y otras víctimas entre la población civil Palestina, así como significativos daños a la propiedad civil e infraestructuras, según indica la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Mientras Israel plantea una inquietud por su seguridad que es legítima, la Ley Humanitaria Internacional requiere que los principios de proporcionalidad y distinción entre civiles y combatientes sean respetados todo el tiempo. La prohibición de apuntar a civiles también está siendo violada por grupos de palestinos armados, lanzando misiles desde la Franja de Gaza a Israel, y por lo tanto debe terminar. El deterioro de la situación actual de los derechos humanos requiere medidas puntuales para poner fin a estos actos y asegura la protección de los civiles.

OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), pide acceso continuo y libre para la ayuda humanitaria y las provisiones de combustibles. Los pasos fronterizos de Nahal la Onz y Karni deben permanecer abiertos veinticuatro horas al día si las necesidades humanitarias quieren ser debidamente atendidas. Además, la OCHA pide la apertura del Paso de Rafah para permitir el paso de 250 personas con dificultades para regresar a sus hogares en Egipto, y permitir el paso de los casos urgentes de salud que no puedan ser tratados en Gaza. Las operaciones de Naciones Unidas para entregar la ayuda están siendo obstaculizadas por la lucha. La ayuda humanitaria no es suficiente para prevenir el sufrimiento. Con el bombardeo de la planta eléctrica, las vidas de 1,4 millones de personas, casi mitad ellos menores, ha empeorado súbitamente. El gobierno de Israel debe reparar el daño hecho a la central eléctrica. Las obligaciones conforme a las leyes humanitarias internacionales, de aplicación a ambas partes, incluyen la prevención del daño a civiles y la destrucción de infraestructuras, así como el abstenerse de realizar medidas colectivas, intimidación y represalias. Los civiles están pagando el precio de este conflicto de forma desproporcionada. En el futuro inmediato, OCHA teme que la situación humanitaria pudiera deteriorarse fácil y rápidamente, por las continuas operaciones militares israelíes (incluyendo artillería), lo que podría dañar las infraestructuras restantes y los servicios esenciales

Las Agencias Humanitarias de Naciones Unidas creen que los hechos hablan por sí y llevan sus reclamaciones a todas las partes. A no ser que se haga algo urgente, afrontamos una crisis humanitaria que tendrá consecuencias a muy largo plazo para las comunidades con las que trabajan y en las instituciones por las que se trabaja.