Por Raquel Martí,
Directora Ejecutiva de UNRWA Comité Español. 

A pesar de que el Ministerio de Educación Israelí ordenara la supresión del término Nakba de los libros de texto escolares y de que el Parlamento Israeli recientemente haya aprobado una ley que permite sancionar a aquellos que conmemoren la Nakba, la existencia de 4,8 millones de refugiados de Palestina descendientes de aquella “catástrofe” y sus 58 campamentos de refugiados gestionados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), hace imposible que la Nakba pase al olvido.

Los palestinos conmemoran la "Nakba" –catástrofe- el 15 de mayo (fecha de la creación del estado israelí) con actos que recuerdan el éxodo de su pueblo y la pérdida de sus hogares y tierras como consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1948. Según UNRWA son refugiados de Palestina las "personas cuyo lugar de residencia habitual, entre junio de 1946 y mayo de 1948, era la Palestina histórica - o lo que es hoy el actual estado de Israel- y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. Los descendientes de esta población son también considerados refugiados por la Agencia".

Aproximadamente una tercera parte de los refugiados del mundo son palestinos. En la actualidad los registros de la UNRWA cuentan con 4,8 millones de refugiados de Palestina que, de alguna manera, siguen esperando con anhelo el regreso a sus hogares y el reconocimiento de su trágica historia. Una espera interminable dado que  Israel ni reconoce su estatus, ni permite su retorno y además mantiene militarmente ocupado el territorio palestino.

La ocupación del territorio palestino vulnera sistemática los derechos de la población, afecta a sus vidas y a sus medios de subsistencia, les condena además a la pobreza crónica, al sufrimiento y al desplazamiento forzoso. Las violaciones, que han convertido a los palestinos en una población desprotegida y privada de todo derecho, responden a una política discriminatoria llevada a cabo por Israel desde que en 1967 ocupa el territorio palestino, incumpliendo sistemáticamente el Derecho Internacional e impidiendo una resolución pacífica del conflicto.

Cada día somos testigos del desplazamiento forzoso de la población palestina en la Zona C y en Jerusalén Este mediante un sistema de desalojos, órdenes de demolición, revocación de permisos de residencia, cierres y restricciones de circulación. Se trata de una política de discriminatoria hacia los palestinos, en el que el 50% de la población afectada son niños. Esta experiencia suele tener un fuerte impacto en su bienestar psicológico, generando la aparición de problemas emocionales y de comportamiento, con consecuencias negativas en el logro educativo y en el aumento de la deserción escolar de los menores.

En Jerusalén Este el gobierno de Israel aplica una política cuyo objetivo es alterar el equilibrio demográfico, negando el derecho al crecimiento natural de la población palestina. Esta política obliga a la población a construir sin permiso y al riesgo de una orden de demolición. OCHA estima que anualmente la población palestina necesita construir unas 1.500 viviendas para cubrir sus necesidades demográficas, si bien Israel concede únicamente unas 400 licencias anuales, por lo que aproximadamente el 28% de las casas de Jerusalén oriental se han edificado sin permiso o lo que es lo mismo que 60.000 personas estén en riesgo de demolición de sus viviendas. En la actualidad, existen 1.500 órdenes de demolición pendientes de ejecución.

El desplazamiento forzoso, contrario al derecho internacional, no sólo concierne a la población urbana de Jerusalén oriental, sino también la periferia rural donde decenas de refugiados que viven en la zona están siendo físicamente separados de Jerusalén, un área tradicionalmente importante para la vida política, económica, cultural y religiosa de la población. Esta situación no solo afecta a su estatus residencial, sino a su acceso a los servicios de educación y salud, así como al desarrollo y planificación de sus comunidades.

La sistemática prohibición de la liberta de movimiento es otro de los factor clave de la política de ocupación israelí. El desplazamiento de los palestinos está severamente restringido mediante un complejo sistema de prácticas administrativas y políticas, así como por la existencia de 611 obstáculos -bajo la forma de check-points, barreras, bloques de hormigón, etc.- que forman parte del sistema de cierres cuyo máximo exponente es el muro que Israel construye sobre Cisjordania. 

La construcción del muro está teniendo un profundo impacto humanitario que afecta a las vidas y el sustento de cientos de miles de palestinos. Muchas de las comunidades más afectadas tienen una alta proporción de refugiados. Cuando el muro esté completado, aproximadamente el 15% de su trazado estará sobre la  Línea Verde y el 85% en terreno cisjordano. Este trazado condenará a prácticamente 33.000 palestinos a quedar atrapados entre el muro y la Línea Verde; aproximadamente 126.000 palestinos permanecerán rodeados por tres de sus lados, mientras que unos 28.000 palestinos estarán literalmente encerrados por los cuatro costados. 

La mayor parte del área comprendida entre el muro y la Línea Verde ha sido declarada por Israel como "zona militar cerrada", un área donde los palestinos se ven obligados a obtener permisos de "visitante" para cultivar sus tierras, mientras que  los mayores de 16 años que residen actualmente en esta zona militar, necesitan solicitar un permiso de "residente permanente" para continuar viviendo en sus propios hogares.

Como se indica en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 9 de julio de 2004 y abrumadoramente aprobada por la Asamblea General en la resolución 10/15 de 02 de agosto de 2004, el trazado del muro en territorio Cisjordano es contrario al derecho internacional. Israel debería por tanto, cesar la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluso  alrededor de Jerusalén oriental, y desmantelar los tramos ya construidos en Cisjordania, reparando todos los daños causados y garantizando la libertad de circulación.

La política de construcción de asentamientos israelíes en el territorio Palestino ocupado, así como el traslado de colonos contraviene al derecho internacional y socava la búsqueda de una paz negociada. La ley también prohíbe la confiscación de la propiedad privada o de bienes públicos y obliga a la potencia ocupante a administrar el territorio de manera que respete los derecho de la población local, incluyendo la prohibición de modificar la composición demográfica del territorio. El número de colonos en el territorio Palestino ocupado incluida Jerusalén oriental ha seguido aumentando y es probable que pase ya del medio millón. Aunque el 26 de septiembre de 2010 expiró la “moratoria” de 2010 de diez meses fijada por Israel con respecto a la expansión de asentamientos, según el último informe del Relator Especial de NU durante el tiempo que duró la moratoria, los colonos no cesaron de construir establecimientos públicos, así como viviendas cuyas obras habían comenzado anteriormente. En los últimos meses se ha desatado un autentico furor constructivo que amenaza, una vez más, con expulsiones y demoliciones de viviendas palestinas.

El sistema dual de carreteras, como ocurre con la aplicación dual del régimen jurídico, crea dos ámbitos en Cisjordania: uno para los colonos israelíes y otro para los palestinos. Este hecho es particularmente visible en la construcción de una red de caminos alternativos diseñados para los desplazamientos de los palestinos, mientras se institucionaliza el control militar israelí de las principales carreteras existentes en el territorio palestino ocupado que son solo accesibles para los colonos israelíes.

No hay que olvidar que las incursiones del ejército israelí en Cisjordania y en los campamentos de refugiados, incluida Jerusalén oriental, siguen cobrando numerosas vidas, daños a la infraestructura pública y la destrucción de bienes civiles.

Un hecho especialmente grave es el relativo al trato que recibe la infancia en el territorio Palestino ocupado. Según el Relator Especial de UN desde el año 2000 se ha producido la muerte de 1.335 niños palestinos resultado de la presencia militar y de colonos israelíes. Desde marzo de 2010, los soldados israelíes han disparado a 17 niños que recogían grava en la zona de amortiguación de Gaza para ayudar a la economía de sus hogares. Por otro lado, en el mismo año se registraron 256 menores de edad en los centros de detección israelí, entre ellos 34 de entre 12 y 15 años, cuyos delitos están relacionados con el lanzamiento de piedras o la participación en manifestaciones contra la ocupación o la construcción del muro. Cada año, alrededor de 700 menores de edad de Cisjordania son juzgados en tribunales militares israelíes tras ser detenidos, interrogados e internados por el ejército israelí Estos niños además, denuncian graves violaciones de sus derechos durante los interrogatorios.

La política de ocupación sobre la franja de Gaza se basa en el bloqueo que  Israel ejerce desde que en el 2007 declarará la franja como “territorio hostil” a raíz de la victoria de Hamas en las elecciones legislativas. El bloqueo es igualmente contrario al derecho humanitario Internacional, supone una violación masiva de los derechos humanos de la población, impide que la población se libere de la dependencia de la ayuda humanitaria, e imposibilita la reconciliación entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de Palestina.

El bloqueo israelí sobre Gaza ha creado una crisis humanitaria sin precedentes. En este contexto, la labor humanitaria sólo tendría efectos duraderos si se llevara a cabo en el marco de un proceso político significativo. Este bloqueo ha producido que el número de personas que viven con menos de un dólar al día y solicitan diariamente asistencia alimentaria a la UNRWA se haya triplicado en los últimos dos años (de 100.000 a 300.000). El bloqueo repercute significativamente en los niños y jóvenes, que alcanzan más de la mitad de la población de Gaza, privándoles de futuro y abriéndoles la puerta hacia la radicalización.

En cuanto a la reconstrucción de Gaza, tras la agresión militar israelí Plomo Fundido que dejó casi 1.400 víctimas mortales (414 niños) y más de 5.000 heridos (1.855 niños), Israel apenas ha autorizado la entrada de materiales de construcción. UNRWA necesita construir 100 escuelas para cumplir con la obligación de educar a la siguiente generación en Gaza. A pesar de ello, las autoridades israelíes solo han dado permiso a la Agencia para construir 13 escuelas. Además UNRWA necesita reconstruir cinco mil casas de refugiados que sufrieron daños o fueron destruidas, no obstante, las autoridades israelíes han aprobado sólo el 9% de los 660 millones de dólares en proyectos de construcción que debería de llevar a cabo la Agencia.

Por otro lado, UNRWA se ve obligada a introducir la ayuda humanitaria en Gaza a través del paso de Kerem Shalom, dado que Karni, el paso de mayor capacidad, ha sido cerrado por Israel. Al ritmo actual de entrada de mercancías la Agencia necesitará 75 años para completar el programa de reconstrucción. El cierre de Karni no solo reduce la entrada de materiales a la Agencia, sino que produce un impacto devastador en el sector privado en Gaza y en los programas de organizaciones humanitarias como UNRWA. El cierre de Karni, también hace que sea casi imposible alcanzar las metas de exportación establecidas por el Acuerdo sobre Acceso y Movimiento de 2005 firmado por el gobierno israelí y la Autoridad Palestina en el que se preveían 450 camiones de exportaciones diarios.

Además del bloqueo, otro medida que de forma alarmante vulnera los derechos humanos de los palestinos es el establecimiento por parte de Israel de una zona denominada de “amortiguación” que penetra 1.500 m en Gaza desde la frontera, donde la población tiene prohibida la entrada y donde los militares disparan a todo aquel que penetre en la misma. Como resultado de esta medida 58 palestinos perdieron la vida (22 civiles) y 233 resultaron heridos (incluidos 208 civiles) en 2010. Las fuerzas militares israelíes también obligan a los barcos de pesca de Gaza a no alejarse más de tres millas náuticas de la costa para faenar y disparan en señal de advertencia si sobrepasan ese límite.

En este entorno caracterizado por la ocupación y la violación sistemática y prolongada de sus derechos, cada 15 de Mayo la población palestina, a pesar de las leyes y las sanciones, conmemorará el día en el que se gestó su tragedia. Una tragedia que, tras más de seis décadas, continúa oprimiendo sus vidas debido a la falta de solución para los 4,8 millones de refugiados y a la perpetua ocupación israelí del territorio palestino.