Desde que comenzara la segunda Intifada a principios de septiembre de 2000, UNRWA ha sido la Agencia que más ha trabajado en la zona para reducir el impacto de la violencia, los efectos del toque de queda y las dificultades de movilidad de las personas en la franja de Gaza y Cisjordania.

El estancamiento producido por los cierres de fronteras y el toque de queda en la economía Palestina, ha ocasionado para cientos de miles de refugiados la pérdida de sus medios de vida. Aproximadamente el 50% de la población está desempleada y entre el 60 y el 70% se encuentra por debajo del nivel de pobreza (con unos ingresos inferiores a dos dólares por día). Dos millones de Palestinos están considerados como “vulnerables” por no tener acceso adecuado a comida, vivienda o servicios de salud.